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Las autoridades detectaron un plan del jefe del cartel del Cibao, reclamado en extradición, para asesinar a la directora del departamento de extradición de la Procuraduría General de la República, Gisela Cueto González.
El complot fue denunciado por la propia Cueto González, en la sala de audiencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en donde hoy se le conoce el proceso de extradición a Iván Miguel Tineo Paulino.
De acuerdo a Cueto González, Iván Miguel Tineo, tenia contratada a cuatro personas, con M16, con una cien capsulas, para interceptarla en un chequeo, vestidos de policías, para entonces asesinarla.
Cueto González, dijo que tan pronto las autoridades detectaron el plan adoptaron las medidas de lugar.
“La Procuraduría tiene informaciones confiables, de que Tineo pretende asesinarme, con la finalidad de evadir la justicia norteamericana. Uno nació para morirse y no temo”, adujo la Procuradora Adjunta, quien hoy cumple 36 años como abogada.
Se mostró sorprendida con la información que le suministraron las autoridades, ya que ella ha llevado varios casos de extradición, y mucha personas y nunca había dado ese tipo de declaración del complot para atentar contra su vida.
Expresó que el traslado de Tineo a la cárcel del nuevo modelo de La Romana, se produjo porque este introducía bebidas alcohólicas en la cárcel de Najayo.
Tineo es reclamado por las autoridades de los Estados Unidos para juzgarlo por la alegada posesión de 157 kilos de cocaína hallados en una embarcación de su propiedad en marzo del 2011 en Samaná.
Tineo Paulino fue apresado luego de la confiscación del cargamento de drogas en la embarcación “Capricho”, en el muelle de Samaná.
De acuerdo a la DNCD, Tineo quien era policía de Nueva York, enfrenta cargos criminales enumerados en los expedientes 08-01115-S2 y 80-01115-S3, registrados el 15 de enero y el 3 de noviembre de 2009, en los que se destacan las acusaciones de “asociación delictiva para cometer asaltos, según la Ley Hobbs”, en la citada ciudad, así como de obstruir la justicia junto a otros para evitar el desarrollo de procesos criminales en Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia, entre otras jurisdicciones.
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