EFE
El Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN) y el Movimiento
de Mujeres Unidas (Modemu) acusaron ayer al Ministerio Público (MP) y a
la Policía Nacional (PN) de incrementar el maltrato a las trabajadoras
sexuales.
Por ello, pidieron el procurador general, Francisco Domínguez Brito, que cese la persecución en contra de ese sector.
Santo Rosario, director del COIN; y Jacqueline Montero, regidora por el municipio de Haina y presidenta del Modemu, hicieron la denuncia al dejar inaugurado el "Foro sobre Violencia Basada en Genero Derechos Humanos y Trabajo Sexual", que busca dar seguimiento a los casos de violación de derechos humanos.
Domínguez Brito "persigue a las trabajadoras sexuales, pero no hace esfuerzos para que se les incluya en la seguridad social y en ningún programa que tenga como política pública sacarlas de esa situación de vulnerabilidad", argumentaron.
Los voceros del COIN y de Modemu indicaron que en los últimos días se ha llegado a situaciones extremas, tanto verbalmente como físicamente, y denunciaron que un allanamiento realizado el pasado viernes en la discoteca Sensación, ubicada en la calle Pasteur en Gazcue, "se desapareció un dinero".
Consideraron que la represión que llevan a cabo las autoridades dará resultados contrarios a los que se buscan, empujando a la clandestinidad esa actividad y haciéndola más vulnerable en todos los sentidos.
"La República Dominicana ocupa el quinto lugar en trabajo sexual en América Latina, y eso ni el Procurador, ni la Policía ni el Ministerio Publico lo van a resolver a la fuerza", enfatizaron.
Santo Rosario y Jacqueline Montero dijeron que, según datos del Latinobarómetro, el 3 por ciento de los jóvenes dominicanos ni estudia ni trabaja, y revelaron que el 60 por ciento de las trabajadoras sexuales ni siquiera ha completado los estudios secundarios.
"Eso puede aumentar las posibilidades de contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual o de VIH-Sida y poner nuestras vidas en peligro", comentó Rosalba Karina Crisóstomo, una activista de las trabajadoras sexuales que participa en el Foro.
En el 2007 se estimaba que unas 100,000 personas ejercían el trabajo sexual en el país.
El "Foro sobre Violencia basada en Género , Derechos Humanos y Trabajo Sexual", que se extenderá hasta mañana, dejará constituida una comisión interinstitucional que dará seguimiento a los casos de violación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
En encuentro se debatirán, entre otros temas, la "Contextualización del trabajo sexual en la República Dominicana", el cual estará a cargo de Liyana Pavón.
Los participantes del encuentro presentarán mañana los resultados de los trabajos a las autoridades de la Policía Nacional, Procuraduría General, a los ministerios de Salud Pública e Interior y Policía, así como al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), con los cuales las trabajadoras sexuales buscarán la firma de un acuerdo.
Por ello, pidieron el procurador general, Francisco Domínguez Brito, que cese la persecución en contra de ese sector.
Santo Rosario, director del COIN; y Jacqueline Montero, regidora por el municipio de Haina y presidenta del Modemu, hicieron la denuncia al dejar inaugurado el "Foro sobre Violencia Basada en Genero Derechos Humanos y Trabajo Sexual", que busca dar seguimiento a los casos de violación de derechos humanos.
Domínguez Brito "persigue a las trabajadoras sexuales, pero no hace esfuerzos para que se les incluya en la seguridad social y en ningún programa que tenga como política pública sacarlas de esa situación de vulnerabilidad", argumentaron.
Los voceros del COIN y de Modemu indicaron que en los últimos días se ha llegado a situaciones extremas, tanto verbalmente como físicamente, y denunciaron que un allanamiento realizado el pasado viernes en la discoteca Sensación, ubicada en la calle Pasteur en Gazcue, "se desapareció un dinero".
Consideraron que la represión que llevan a cabo las autoridades dará resultados contrarios a los que se buscan, empujando a la clandestinidad esa actividad y haciéndola más vulnerable en todos los sentidos.
"La República Dominicana ocupa el quinto lugar en trabajo sexual en América Latina, y eso ni el Procurador, ni la Policía ni el Ministerio Publico lo van a resolver a la fuerza", enfatizaron.
Santo Rosario y Jacqueline Montero dijeron que, según datos del Latinobarómetro, el 3 por ciento de los jóvenes dominicanos ni estudia ni trabaja, y revelaron que el 60 por ciento de las trabajadoras sexuales ni siquiera ha completado los estudios secundarios.
"Eso puede aumentar las posibilidades de contagiarnos de una enfermedad de transmisión sexual o de VIH-Sida y poner nuestras vidas en peligro", comentó Rosalba Karina Crisóstomo, una activista de las trabajadoras sexuales que participa en el Foro.
En el 2007 se estimaba que unas 100,000 personas ejercían el trabajo sexual en el país.
El "Foro sobre Violencia basada en Género , Derechos Humanos y Trabajo Sexual", que se extenderá hasta mañana, dejará constituida una comisión interinstitucional que dará seguimiento a los casos de violación de derechos humanos de las trabajadoras sexuales.
En encuentro se debatirán, entre otros temas, la "Contextualización del trabajo sexual en la República Dominicana", el cual estará a cargo de Liyana Pavón.
Los participantes del encuentro presentarán mañana los resultados de los trabajos a las autoridades de la Policía Nacional, Procuraduría General, a los ministerios de Salud Pública e Interior y Policía, así como al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), con los cuales las trabajadoras sexuales buscarán la firma de un acuerdo.
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